Un hombre de 33 años fue condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja. Los delitos, que se repitieron a lo largo de los años, fueron cometidos en las localidades de Estación Clucellas, Aurelia (ambas localidades del departamento Castellanos) y Santa Clara de Buena Vista (departamento Las Colonias).
La sentencia fue impuesta por los jueces Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y Javier Botttero, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de Rafaela.
El individuo fue condenado a 18 años de prisión como autor de abuso de abuso sexual con acceso carnal reiterado.
La fiscal que representó al MPA es Gabriela Lema. Luego de la lectura del veredicto, la funcionaria judicial manifestó que “aunque todavía no conocemos los fundamentos del fallo, valoramos como un resultado positivo que haya sido condenado”. En tanto, agregó que “esperaremos a contar con la resolución para analizar qué fue lo que motivó la decisión de los magistrados”.
Se trata de Jonatan César Luque, de 41 años. La pena además se le impuso por haber enviado a través de Facebook un video y una fotografía con material de abuso sexual infantil, los cuáles fueron interceptados por una ONG estadounidense.
Un hombre de 41 años, identificado como Jonatan César Luque, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber cometido un abuso sexual simple en una despensa que atendía en Esperanza (departamento Las Colonias). Quien resultó víctima es un niño que había ido al local como cliente.
Luque reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual simple y distribución o divulgación de pornografía infantil.
La sentencia fue ordenada por el juez Sebastián Szeifert en el marco de un juicio de procedimientos abreviados que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El magistrado además dispuso el decomiso de una notebook; una CPU; una tablet; tres teléfonos celulares; un pen drive, y cinco CDs que habían sido secuestrados en el marco de la investigación penal.
Sacco fue acusado de violar a una joven que en ese momento menor de edad. El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2021, en tiempos de pandemia.
El próximo jueves 14 de diciembre, desde las 12, comenzará el juicio oral al sanfrancisqueño Leandro Sacco acusado del abuso sexual con acceso carnal de una joven de 17 años, hecho ocurrido en 2021.
Sacco afronta una posible pena de 6 a 15 años de cárcel si es encontrado culpable. En la acusación, la fiscalía asegura que el joven drogó a su víctima para abusar sexualmente de ella.
Si bien estaba previsto que el juicio comenzara el pasado lunes, finalmente esto no sucedió porque el abogado Mario Ruiz, defensor de Sacco, no se presentó, avisó que estaba de viaje y que no iba a poder estar. Sí estaban en los tribunales Sacco y todos los testigos citados.
Desde esta mañana la Fiscal Di Tocco está ubicada en su oficina trabajando y confirmó que en enero estará en funciones; en el primer piso del edificio Policial de la ciudad de Morteros.
La letrada es oriunda de Río Cuarto y, antes de arribar a Morteros, trabajó durante un año en los tribunales de Villa María como prosecretaria en un juzgado de ejecución penal.
La funcionaria judicial no brindó declaraciones por el momento, y agregó que, respecto de la información sobre casos puntuales, la misma se canalizará directamente mediante el área de prensa del Ministerio Público Fiscal.
"Durante la sesión de hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se aprobó el pliego de la doctora Yamila Di Tocco como fiscal reemplazante para la ciudad de Morteros. El legislador Ramón Giraldi compartió las novedades, expresando su satisfacción al comunicarse con ella y manifestó su alegría por su entusiasmo ante la noticia", explicó en horas de este mediodía.
Di Tocco asumirá su rol de manera permanente en la Fiscalía de Morteros. Giraldi agregó: "Mañana, en la sesión del miércoles, procederemos a aprobar su pliego en el recinto, y es probable que durante el mes de diciembre asuma oficialmente sus responsabilidades como fiscal".
"Lo positivo es que, aunque inicialmente ocupará el puesto de fiscal reemplazante, ejercerá sus funciones como si fuera de manera permanente, ya que tiene planes de establecerse en Morteros", enfatizó.
Actualmente, Di Tocco desempeña sus labores en los tribunales de Villa María, lo que, según Giraldi, resalta su valiosa experiencia en el ámbito judicial.
Lo hizo el TSJ. Se trata de Félix Rodolfo Novarese acusado de asesinar en 2018 al empresario agropecuario Raúl Egidio Rosso.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó la condena a prisión perpetua de Félix Rodolfo Novarese, en septiembre de 2020, por el crimen de Raúl Egidio Rosso ocurrido dos años atrás. Había llegado al juicio acusado de presunto autor de "homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa", delito que contempla esa única pena.
El empresario de Brinkmann desapareció el 19 de abril de 2018, apareciendo su cuerpo sin vida el 4 de mayo siguiente en un campo ubicado a unos 15 kilómetros al sur de la localidad de El Tío.
De esta forma, el TSJ presidido por la doctora Aída Tarditti, con asistencia de los vocales Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, rechazó el recurso de casación presentado por el abogado defensor del condenado, el doctor Javier Genesio.
La defensa del acusado había cuestionado la valoración de la prueba hecha por el tribunal del juicio, agregando que existió también una limitación a su derecho de defensa al no postergarse la audiencia de debate y tener que leer diez expedientes en pocos días.
También había considerado que no existe prueba directa que incrimine a Novarese respecto de los hechos a él atribuidos, indicando que todas las pruebas invocadas en su contra son indicios.
Luego de conocerse el avance en la Justicia Federal en la investigación por la presunta estafa en la Asociación Mutual de Altos de Chipión, con 11 procesamientos dictados por el juez Pablo Montesi, la causa también tiene otro capítulo en el fuero civil y comercial del Poder Judicial de Córdoba.
Aunque desde un primer momento se hablaba de unos 500 ahorristas, solo 150 son los acreedores que pudieron verificar que la entidad, que evitó la quiebra transformándola en un concurso preventivo, se quedó con su dinero; no solo son habitantes de la localidad de Altos de Chipión, sino también de Porteña, Brinkmann, Morteros, Freyre y San Francisco.
El acuerdo con los 150 ahorristas es, el abono del 60 por ciento de los créditos en un plazo de cuatro cuotas anuales. La primera vencía por estos días. Todo es controlado por una sindicatura.
Actualmente el expediente volvió a la Justicia de San Francisco ante un pedido de quiebra por parte de Rentas hacia la Asociación Mutual de Altos de Chipión, al no presentar los planes de pago a los acreedores.
En función de ese planteo, Viramonte explicó: “La mutual depositó la deuda de Rentas, entonces resolví que el pago era suficiente pero que se debían recalcular los intereses. Ahora Rentas apeló ante la Cámara de Apelaciones y en función de lo que se resuelva va a depender que este planteo dé lugar o no a la quiebra indirecta”.
El trágico suceso tuvo lugar en 2016, cuando dos menores perdieron la vida tras la caída de un árbol. Sin embargo, ayer, los "tres jueces dictaminaron la absolución de los cuatro acusados".
Inicialmente, se intentó responsabilizar a cuatro guardaparques del Parque Nacional Lanín por la muerte de los niños.
Los fundamentos escritos de la absolución se darán a conocer el próximo 15 de este mes.
Hace unos meses, todos los guardaparques de la nación se unieron en una huelga en apoyo a sus compañeros.
Danilo Otaño, secretario de prensa del Sindicato de Guardaparques, recordó en Buenos Días Región que el trágico incidente ocurrió el 1 de enero de 2016, conocido como la Causa Lolen, ya que ocurrió cerca del Lago Lácar en el Parque Nacional Lanín, cuando un árbol se derrumbó mientras la gente descansaba a su sombra.
Otaño señaló que, aunque la caída de ese tipo de árbol fue inusual, no es raro que los árboles caigan. Lamentablemente, esto resultó en la pérdida de dos vidas de niños pequeños.
Otaño destacó que este trágico incidente desencadenó una causa penal que, debido a un manejo inadecuado del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, finalmente fue a juicio en octubre.
"Ahora, aquellos que están activos pueden trabajar normalmente, ya que, después de ocho años, uno de los colegas se ha jubilado", señaló Otaño.
Esta absolución significa que recuperan todas sus facultades, derechos y atribuciones. Durante el proceso, habían estado impedidos de salir del país, tenían bienes embargados y figuraban con antecedentes penales.
"Ha sido un alivio personal para ellos", subrayó el Secretario de Prensa del Sindicato. Los guardaparques habían sido acusados de "homicidio culposo" en relación con la muerte de Martina Sepúlveda (2) y Matías Mercanti (7). Finalmente, el Tribunal Oral Federal de Neuquén los absolvió.
Dos hermanos de la ciudad de Rafaela, de 45 y 48 años, fueron detenidos e imputados como líderes de una banda delictiva por estafas reiteradas. Asimismo, su madre, de 71 años, también fue aprehendida y acusada de ser miembro de la organización y partícipe principal de las estafas; no obstante, debido a su edad, se le otorgó arresto domiciliario.
El juez ordenó la inhibición de bienes de los hermanos, así como de tres empresas bajo su administración, por un total de 234 millones de pesos cada uno, más un 50% adicional para intereses y costas del proceso.
Además, en el marco de la misma investigación, cinco personas más fueron imputadas como miembros de la organización y partícipes principales de las estafas, y se les impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. El juez también dispuso la inhibición de bienes para estos individuos, por un total de 33,483,574 pesos cada uno, más un 50% estimado provisionalmente para intereses y costas del proceso.
El juez federal de San Francisco Pablo Montesi los acusa de asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada. Hay tres faltas de mérito y un sobreseimiento. Embargos millonarios a los principales involucrados. El juez federal de San Francisco Pablo Gustavo Montesi resolvió la situación procesal de 15 imputados por las estafas en la mutual de Altos de Chipión (departamento San Justo) que habría damnificado unos 500 ahorristas de la región, con un perjuicio global estimado en los tres millones de dólares. Montesi procesó como jefe de “asociación ilícita” al carnicero que era gerente de la mutual, Lucas Martín Priotti (41), como así también a quienes considera miembros de esa agrupación presuntamente delictiva: el ingeniero agrónomo y productor agropecuario Fabio Gabriel González (54), el veterinario Carlos Alberto “Carlitos” Tomatis (70), el quinielero Oscar Alfredo “Cacho” Larivey (67), los agricultores Delcar Miguel Gorgerino (58), Julio César “Peche” Gorgerino (59), Adrián Juan Gorgerino (48) -hermanos- y su padre César Bartolomé “Cesarín” Gorgerino (91) y el contador Rodrigo Martín “Puma” Vincenti (46).
De igual manera, a estos mismos miembros de la asociación ilícita les adjudica haber cometido el delito de ”intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada”. En este caso, a González, Tomatis, Larivey y el gerente Priotti les asigna el papel de coautores, mientras que a los Gorgerino (padre e hijos) y a Vincenti los acusa de ser partícipes necesarios. Por otra parte, al contador Diego Germán Monetti (52) y el abogado Fernando Gabriel Baudino Romero (57) el juez federal de San Francisco también los procesa, pero por encubrimiento.
En cambio, Montesi dictó la falta de mérito (para procesar o sobreseer) a la contadora Mirna Lucía Catalina Casale (62), el productor agropecuario Ernesto Juan Bautista “Alemán” Socín (63) y la contadora Lucía Belén Gorgerino (30, hija de Delcar). Por otra parte, el juez de paz Daniel Oscar “Chula” Novello (58) fue sobreseído por el juez de la acusación de “abuso de autoridad”, aclarando el magistrado que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado”. En otro de los puntos de la resolución, se traba embargo sobre los principales acusados. A Priotti se le congelan 7 millones de pesos, en tanto que a González, Tomatis y Larivey se les embargan 5 millones de pesos, mientras que a Vincenti y a los Gorgerino se les impone una inmovilización de 3 millones, a la vez que medio millón de pesos a Monetti y Baudino Romero. Todos los procesados están libres y deben cumplir una serie de condiciones impuestas por el juez para continuar en esa condición
El caso La investigación se inició a mediados de 2019, a partir de denuncias de particulares y de miembros de la entidad. En noviembre, el caso continuó con allanamientos dispuestos por el fiscal provincial de San Francisco, Bernardo Alberione. Luego, al aparecer delitos de corte federal, el expediente quedó en manos de Montesi. Se estima que el fraude alcanzaría a unos 500 particulares, en su mayoría vecinos de Altos de Chipión, aunque también habría varios afectados de pueblos y ciudades cercanas, como Morteros, San Francisco, Porteña y Freyre entre otros. En principio, Priotti fue señalado por las autoridades de la mutual como el único responsable de la maniobra fraudulenta. De hecho, fue la conducción de la entidad la que lo denunció, cuando comenzaron a surgir los reclamos de presuntos estafados.
La causa sumó luego otros detenidos, todos miembros de la familia Gorgerino. En principio, se investigó si el dinero que salía de la mutual de manera irregular tuvo como destino los negocios de los Gorgerino, con los que Priotti estaba vinculado desde hace varios años, ya que trabajaba como administrador en distintos emprendimientos. Alberione imputó a los principales acusados por estafas reiteradas, pero giró a Montesi las actuaciones que involucraban los delitos federales que ahora se confirman, asociación ilícita e intermediación financiera y bursátil no autorizada. Fuente: La Voz del Interior.
