ONCE PROCESADOS EN EL CASO DE ESTAFAS LA MUTUAL DE ALTOS DE CHIPIÓN
El juez federal de San Francisco Pablo Montesi los acusa de asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada. Hay tres faltas de mérito y un sobreseimiento. Embargos millonarios a los principales involucrados.
El juez federal de San Francisco Pablo Gustavo Montesi resolvió la situación procesal de 15 imputados por las estafas en la mutual de Altos de Chipión (departamento San Justo) que habría damnificado unos 500 ahorristas de la región, con un perjuicio global estimado en los tres millones de dólares.
Montesi procesó como jefe de “asociación ilícita” al carnicero que era gerente de la mutual, Lucas Martín Priotti (41), como así también a quienes considera miembros de esa agrupación presuntamente delictiva: el ingeniero agrónomo y productor agropecuario Fabio Gabriel González (54), el veterinario Carlos Alberto “Carlitos” Tomatis (70), el quinielero Oscar Alfredo “Cacho” Larivey (67), los agricultores Delcar Miguel Gorgerino (58), Julio César “Peche” Gorgerino (59), Adrián Juan Gorgerino (48) -hermanos- y su padre César Bartolomé “Cesarín” Gorgerino (91) y el contador Rodrigo Martín “Puma” Vincenti (46).
De igual manera, a estos mismos miembros de la asociación ilícita les adjudica haber cometido el delito de ”intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada”. En este caso, a González, Tomatis, Larivey y el gerente Priotti les asigna el papel de coautores, mientras que a los Gorgerino (padre e hijos) y a Vincenti los acusa de ser partícipes necesarios.
Por otra parte, al contador Diego Germán Monetti (52) y el abogado Fernando Gabriel Baudino Romero (57) el juez federal de San Francisco también los procesa, pero por encubrimiento.
En cambio, Montesi dictó la falta de mérito (para procesar o sobreseer) a la contadora Mirna Lucía Catalina Casale (62), el productor agropecuario Ernesto Juan Bautista “Alemán” Socín (63) y la contadora Lucía Belén Gorgerino (30, hija de Delcar).
Por otra parte, el juez de paz Daniel Oscar “Chula” Novello (58) fue sobreseído por el juez de la acusación de “abuso de autoridad”, aclarando el magistrado que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado”.
En otro de los puntos de la resolución, se traba embargo sobre los principales acusados. A Priotti se le congelan 7 millones de pesos, en tanto que a González, Tomatis y Larivey se les embargan 5 millones de pesos, mientras que a Vincenti y a los Gorgerino se les impone una inmovilización de 3 millones, a la vez que medio millón de pesos a Monetti y Baudino Romero.
Todos los procesados están libres y deben cumplir una serie de condiciones impuestas por el juez para continuar en esa condición
El caso
La investigación se inició a mediados de 2019, a partir de denuncias de particulares y de miembros de la entidad. En noviembre, el caso continuó con allanamientos dispuestos por el fiscal provincial de San Francisco, Bernardo Alberione. Luego, al aparecer delitos de corte federal, el expediente quedó en manos de Montesi.
Se estima que el fraude alcanzaría a unos 500 particulares, en su mayoría vecinos de Altos de Chipión, aunque también habría varios afectados de pueblos y ciudades cercanas, como Morteros, San Francisco, Porteña y Freyre entre otros.
En principio, Priotti fue señalado por las autoridades de la mutual como el único responsable de la maniobra fraudulenta. De hecho, fue la conducción de la entidad la que lo denunció, cuando comenzaron a surgir los reclamos de presuntos estafados.
La causa sumó luego otros detenidos, todos miembros de la familia Gorgerino. En principio, se investigó si el dinero que salía de la mutual de manera irregular tuvo como destino los negocios de los Gorgerino, con los que Priotti estaba vinculado desde hace varios años, ya que trabajaba como administrador en distintos emprendimientos.
Alberione imputó a los principales acusados por estafas reiteradas, pero giró a Montesi las actuaciones que involucraban los delitos federales que ahora se confirman, asociación ilícita e intermediación financiera y bursátil no autorizada.
Fuente: La Voz del Interior.
