PRESENTAN AMPARO CONTRA DECRETO QUE PROHÍBE LAS REUNIONES FAMILIARES
Desde el CC-ARI Córdoba presentaron una acción de amparo en Tribunales Federales contra el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando se declare inconstitucional el DNU 641/20 que prohíbe las reuniones familiares.
El pedido de amparo lleva la firma de tres ciudadanos domiciliados en la Provincia de Córdoba; Maximiliano Arnosio, Gaspar Amiune y Gregorio Hernández Maqueda.
Al mediodía del viernes, con la firma de Maximiliano Arnosio, Gaspar Amiune y Gregorio Hernández Maqueda, en carácter de ciudadanos domiciliados en la Provincia de Córdoba, con el patrocinio letrado de la apoderada partidaria, la abogada Yanina D’Ángelo, al mediodía de este viernes se presentó una demanda de amparo con una medida cautelar, por la cual se solicita a la Justicia Federal de Córdoba que habiliten las reuniones familiares en todo el país, declarando así inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia número 641, dictado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández el día 2 de agosto.
“El gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas. Con el dictado del DNU N° 641/20 estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria, previsto en el Artículo 29° de la Constitución Argentina”, afirma la Junta Ejecutiva Nacional y el bloque de diputados nacionales de la CC-ARI junto a Elisa Carrió, en un comunicado difundido el pasado miércoles 5 de agosto.
“La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los Artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable, y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo”, continúa.
“Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y PYMES, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la Provincia de Buenos Aires.
Además, el DNU es inconstitucional y de nulidad absoluta ya que abarca materia penal, expresamente prohibida por nuestra Constitución. Con este decreto están instalando un estado de sitio de hecho.
El Gobierno pretende plantearnos una falsa dicotomía entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos que esa no es la salida.
La actual situación nos obliga a entender que debemos ir aprendiendo a convivir con el virus, como están haciendo otros países y ciudades del mundo; poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades. La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un estado autoritario y policíaco.”, finaliza.
