La Justicia de Santa Fe aceptó el viernes el acuerdo de juicio abreviado por el cual un creativo estafador de Morteros y su pareja aceptaron la sentencia de la pena de tres años de prisión en suspenso, más el pago de multas a cada uno de ellos.
Fue en el marco de una causa por estafa, iniciada el año pasado, en la cual el varón se hizo pasar por fiscal para cobrar una coima.
Hernán Mariano Jiménez (46) y Carolina Andrea Herrera (29), habían sido detenidos el lunes por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal del departamento Las Colonias, que viajaron a Morteros para allanar su domicilio, en base a una investigación en la que se sospechaba que el hombre había utilizado falsamente el nombre del fiscal de San Javier, Francisco Cecchini, para pedir una coima de $ 50.000 en medio de un proceso penal de relevancia pública, suscitado en ducha jurisdicción en abril del año pasado.
A la pareja, ahora culpable, además de la imposición de una pena en suspenso por el delito de "estafa", obtuvieron la libertad luego de pagar una multa de $ 50.000 en el caso de la mujer y de $ 200.000 el hombre.
El acuerdo, mediante el cual ambos aceptaron ser condenados, fue alcanzado entre las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, María Laura Urquiza y Mariela Jiménez y el abogado particular de la pareja, Pedro Busico.
Si bien era intención de la familia de la víctima recuperar el dinero aportado para mejorar la situación legal de su hijo -el ex concejal de San Javier Cristian Sartor-, la fiscalía se opuso a esta pretensión.
Las mismas fiscales Urquiza y Jiménez fueron quienes recibieron la denuncia en noviembre del año pasado, en la que primero debieron dilucidar la participación o no de su par en la maniobra delictiva.
Una vez despejadas las sospechas contra el fiscal Cecchini, se encaminaron en la búsqueda del verdadero responsable y por tareas de inteligencia pudieron dar con el estafador cordobés y su concubina.
Otras andanzas
Con la simple identificación de Jiménez surgieron al menos otros tres episodios delictivos en los que se lo nombra, en Santa Fe y Córdoba, según informó el diario El Litoral.
Si bien en la jurisdicción llamó la atención la osadía de Jiménez en utilizar el nombre de una autoridad judicial para pedir una coima y así mejorar la situación procesal de un detenido; el asombro fue in crescendo cuando se enteraron que hace seis años se hizo pasar por el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, para engañar a la intendente de Cosquín, que pagó $ 40.000 para saldar una supuesta deuda del municipio cuya quita de intereses se presentaba como conveniente.
Luego, utilizó el nombre del ex tesorero de la Asociación de Clubes (AdC) de Básquet, el "Gringo" Andrés Pelussi, para negociar con clubes del interior la venta de una plaza para el Torneo Nacional de Ascenso. También se hizo pasar por familiar del ex gobernador Miguel Lifschitz para sacar provecho de presidentes comunales del oeste santafesino.
Causa pendiente
Sin embargo, aunque se habla de una frondosa y colorida historia delictiva, su prontuario tiene apenas un par de marcas, ambas en la justicia santafesina. La primera es una suspensión de juicio a prueba que se encuentra archivada por haberse cumplido los plazos, en la que se lo acusaba de haberse hecho pasar por árbitro de fútbol para engañar a los dirigentes de un club de la localidad de San Genaro, en el departamento San Jerónimo.
La otra está radicada en los tribunales de San Cristóbal y se encuentra elevada a juicio, por lo que deberá afrontar un debate oral o aceptar otra condena, que de ser así podría ser de cumplimiento efectivo.
En este caso, la denuncia fue radicada este año por un familiar de un médico detenido, a quien le pidió un monto de dinero para conseguirle la libertad. Allí, Jiménez se habría hecho pasar por el juez de la IPP Juan Gabriel Peralta, quien lleva apenas un año en el cargo.
La maniobra
Tras ser detenidos, las fiscales de Delitos Complejos -Jiménez y Urquiza- imputaron a ambos el miércoles ante el juez Nicolás Falkenberg, por la coautoría de una estafa ocurrida entre el 17 y el 25 de abril de 2019.
"Para consumar el delito de estafa, los imputados se hicieron pasar por el fiscal de la Unidad Fiscal de San Javier, Francisco José Cecchini", explicaron las fiscales. "Los imputados se comunicaron telefónicamente con las víctimas en reiteradas oportunidades", para exigirle a las víctimas "el pago de 50 mil pesos para que su hijo recuperara la libertad", señalaron Urquiza y Jiménez, quienes indicaron que "las víctimas cayeron en el error y efectuaron dos pagos de 25 mil pesos", uno entregado en personal y el otro transferido a una cuenta bancaria.
Fuente: La Voz de San Justo
