Juicio

CONDENARON POR NARCOTRÁFICO AL PRESIDENTE Y BARRA DE SPORTIVO BELGRANO DE SAN FRANCISCO

19 mayo, 2022 0

or narcotráfico, el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 en la ciudad de Córdoba condenó este martes a 8 años de prisión e impuso la pena de 100 unidades fijas de multa por ser autor de comercio agravado de estupefacientes a Braian Emanuel Requena, barra de la facción "Los Mismos de Siempre" de la hinchada de Sportivo Belgrano.

En tanto que condenó a 4 años y 100 unidades de multa, al expresidente del club, Pablo Andrés Esser, como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos.

En estos dos casos los jueces coincidieron con la pena que había sido requerida por el fiscal Maximiliano Hairabedian. Mientras que todos los defensores habían pedido la absolución de sus representados.

Respecto a los otros 14 imputados en la causa que investigó a una red dedicada al comercio de droga y lavado de dinero en San Francisco, el tribunal condenó a 11 personas con penas que van desde los 3 años a los 8 años de prisión en tanto que absolvió a cinco.

Estaban acusados de los delitos comercialización de estupefacientes, sin autorización o con destino ilegitimo calificada por la pluralidad de intervinientes y lavado de activos de origen delictivo en carácter de coautores y partícipes necesarios, según cada caso.

LAS CONDENAS

El resto de las penas fueron las siguientes según lo previsto por el Código Penal para la Ley 23.737:

Marcelo "Pescado" Artaza: 6 años y 6 meses (coautor de comercialización agravada de estupefacientes)
Franco Ezequiel Espina: 6 años (coautor de comercialización agravada de estupefacientes)

Andrés Eladio Rolón: 6 años (coautor de comercialización agravada de estupefacientes)

Lucas Maximiliano Rubén Alfonso: 5 años (autor de transporte de estupefacientes)
Alexis Alberto Artaza: 3 años (partícipe secundario de comercialización agravada de estupefacientes)
Juan Carlos "Cucho" Bosio: 3 años (prisión de ejecución condicional como partícipe secundario de comercialización agravada de estupefacientes y autor de lavado de activos)
Hugo Alberto Contreras: 3 años (prisión de ejecución condicional como partícipe secundarios de comercio agravado de estupefacientes)
Daiana Belén Artaza: 3 años (prisión condicional como partícipe secundarios de comercio agravado de estupefacientes)
Vanesa Soledad Acosta: 3 años (prisión condicional como partícipe secundarios de comercio agravado de estupefacientes)
Miriam Liliana Lescano: absuelta (comercio agravado de estupefacientes)
Gustavo Horacio Rolón: absuelto (comercio agravado de estupefacientes)
Claudio Andrés Rolón: absuelto (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización)
Noemí Tordecilla: absuelta (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización)
César Ariel Nieto: absuelto (comercio agravado de estupefacientes)

Fuente: La Voz de San Justo

EMPRESARIO DE LA PARA ENTRE LOS ACUSADOS EN EL JUICIO POR ESTAFA CON CAMPOS

27 septiembre, 2021 0

Luego de dos años de detención de la viuda, Liliana Basualdo, la causa avanzó y el abogado de Normi Titti, el Dr Marcelo Touriño, anunció que la causa fue elevada a juicio.

Una de las novedades informadas por el letrado es que están imputados no solamente Basualdo, sino también los abogados que la asesoraban (Fernando Cravero y César Ochi), con la participación de la actual pareja de Liliana, Julio Rivero, y la de su hermana Nilda Basualdo (casada con Pedro Titti, pero cuyo matrimonio fue declarado nulo); incluyéndose esta vez al productor agropecuario Rubén Bianco, a quien en su momento, el juez Fernández López había excluido de responsabilidad, "siendo en definitiva el principal beneficiario y evidente coautor de la maniobra de estafa", aseguró Touriño.

Para el abogado que representa a la única heredera de los campos de los hermanos Titti, la Cámara de Acusación ha tenido conceptos muy contundentes sobre el estrecho vínculo de Bianco con los imputados; la incapacidad notoria, evidente y total de los Titti; y la vinculación de la Mutual Sportivo Belgrano que presidía Bianco y de la que forma parte su esposa en la Comisión Directiva, trasegaba el préstamo que esa entidad le daba a Liliana Basualdo y a su vez le cobraba esos préstamos con los mismos cheques que Bianco le había entregado para el arrendamiento de los campos de Pedro Titti a un precio mucho menor que el correspondiente. Por lo tanto "las pruebas son contundentes en relación a Bianco", destacó el letrado.

"Bianco, empresario, con enorme cantidad de recursos económicos, es una de las personas más importantes económicamente y socialmente de La Para, él es quien se ha quedado con casi todos los campos y es colindante con uno de sus campos propios con uno de Pedro Titti que le arrendaba, por lo cual no puede decir que desconocía de la incapacidad de este pobre anciano del que todos se aprovechaban para obtener beneficios propios", denunció Touriño.

LAS IMPUTACIONES

Liliana se hizo arrojar calaveras frente a su vivieda, se hizo disparar en contra a su casa, y después se autoinfringió dos disparos, determinando la fiscal que no había sido Normi Titti la responsable o autora de los ataques, sino que había sido la misma viuda quien perpetró cada uno de esos hechos para implicar a Normi, heredera legal de los campos, según lo expresó el abogado querellante.

Por todo ello es que la viuda está imputada por coautora responsable del delito de defraudación por circuvención de incapaces reiterada, en concurso real; por autora del elito de falso testimonio reiterado en concurso real; y por autora del delito de coacción.

Su hermana Nilda Basualdo está imputada como supuesta coautora responsable del delito de defraudación por circunvención de incapaces.

El abogado Fernando Cravero fue imputado como partícipe necesario del delito de defraudación por circunvención de incapaces reiterado.

El abogado César Ochi está imputado como supuesto instigador de los delitos de falso testimonio reiterado y autor del delito de conservación de instrumentos destinados a falsificar.

La pareja de Liliana Basualdo, Julio Rivero, fue imputado como supuesto coautor responsable del delito de defraudación por circunvención de incapaces reiterada; autor del delito de falsa denuncia y autor del delito de falso testimonio.

EL CASO

A comienzos de 1900, Pedro, Isidro y Ciriaco Titti se instalaron en La Para. En los últimos años de sus vidas, Pedro e Isidro se casaron con las dos jóvenes que los cuidaron y, tras sus muertes, les dejaron como herencia las tierras. Así, excluyeron a un sobrino del legado económico.

En 2008 Isidro, de 78 años, se casó con Liliana Basualdo, de 22, que se convirtió en la administradora de los campos. Ciriaco, en cambio, escrituró la donación de su propiedad a su cuñada y, al poco tiempo, murió. En 2016, Pedro, de 84 años, se casó con la hermana de Liliana, Nilda, de 27.

En el medio, en 2007 apareció Norma, a quien Pedro le dijo que era su hija biológica. Ella, que ahora tiene 42 años, realizó una demanda de filiación y, por medio de una prueba de ADN, logró comprobar el vínculo.

Poco después de la boda entre Nilda y Pedro, Norma pidió a la Justicia que declarara nulo el casamiento porque, según sostenía, su padre padecía "incapacidad neurocognitiva" y relató que él le contaba que su vida era un "calvario", que vendía leche en un carro cuando no tenía necesidad de hacerlo. En 2018, la Justicia anuló el matrimonio.

Si bien no hay un documento oficial que avale la distribución de las tierras entre los hermanos, afirman que existe un acuerdo informal: 41 hectáreas corresponden a Pedro y 176, que eran de Isidro, ahora están en manos de Liliana. Estas últimas están en alquiler hasta este año.

Fuente: Diario del Pueblo

PEDIRÁN 25 AÑOS DE PRISIÓN PARA POLICÍAS DE SUNCHALES ACUSADOS DE TORTURAS

16 septiembre, 2021 0

La fiscal Gabriela Lema pedirá 25 años de prisión para cada uno de siete policías que son investigados como coautores de torturas cometidas en perjuicio de dos hermanos mayores de edad que estaban detenidos en una comisaría de Sunchales

El requerimiento fue planteado en la acusación que la funcionaria del MPA presentó ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Rafaela. En el documento también adelantó que solicitará seis años de prisión para el comisario al que investigó como autor de encubrimiento agravado.

Lema informó que “los acusados de torturas son un subcomisario; una subinspectora; un oficial; tres suboficiales hombres y una suboficial mujer. Es decir, todos los empleados de la comisaría de Sunchales”.

“Las torturas fueron realizadas dentro de la dependencia policial y los acusados actuaron al amparo de su investidura”, señaló la fiscal y remarcó que “tal fue su conciencia de impunidad, que actuaron frente a una mujer que estaba detenida y no les importó su presencia”.

Lema concluyó que “los policías investigados se comportaron como si fueran un grupo de fuerza armada y luego, para procurar su impunidad, intentaron encubrir y entorpecer la investigación a través de una versión falsa de lo sucedido”.

En la comisaría

“Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana aproximadamente del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300”, precisó la fiscal. También recordó que “los torturados son dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad”.

Afirmó que “las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás”, y aclaró que “uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario”. Al respecto, aseveró que “ambos estaban en situaciones de vulnerabilidad”.

“De acuerdo con un plan previo, los uniformados insultaron y golpearon con los puños, los pies y hasta con un palo a los hermanos”, relató la representante del MPA. Asimismo, dijo que “los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente”.

Por otra parte, Lema narró que “como consecuencia de un golpe en la nuca, una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes de su cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna”. En tal sentido, sostuvo que “de hecho, pudo salvar su vida gracias al accionar de los médicos que lo atendieron”.

Por último, Lema explicó que “minutos después, el comisario investigado llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes”. Añadió que “en su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de encubrimiento agravado”.

Torturas

Lema subrayó que “se trata de un caso de pluralidad de autores –todos policías–, quienes utilizaron múltiples modalidades de torturas y con mucha violencia”. También agregó que “todo el accionar delictivo fue realizado dentro de una comisaría y, si bien era de madrugada, todavía era de noche” e hizo hincapié en que “los acusados actuaron de forma metódica y compleja, lo cual incrementó el padecimiento físico y psíquico de los dos hermanos”.

“Los uniformados afectaron la libertad, la dignidad y el honor de las dos víctimas, quienes estaban imposibilitadas de mover sus brazos”, planteó la fiscal y argumentó que “demostraron total desinterés por la integridad física y psicológica ajena”.

La fiscal se refirió a que “los acusados como coautores de torturas son el subcomisario FHM de 40 años; la subinspectora SS de 44; el oficial JAC de 32 y los cuatro suboficiales”. En tal sentido, enumeró “a los suboficiales varones: CAM de 23 años; BEG de 26 y MLO de 30. Por su parte, la mujer suboficial tiene 38 años y sus iniciales son MIA”.

En relación al comisario, la fiscal apuntó que “sus iniciales son LMG, tiene 36 años y se le endilga la autoría del delito de encubrimiento agravado”.

Juicio

La presentación de la acusación es un paso procesal en el que la Fiscalía solicita la apertura del juicio oral y público contra los acusados.

El escrito, que está destinado a un juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), contiene un detalle de las evidencias reunidas y fundamenta los requerimientos del MPA en relación al caso. Asimismo, informa los datos personales de los imputados, los hechos ocurridos, la calificación legal de los ilícitos y la pena solicitada.

Luego de la presentación de la acusación y de habérselo comunicado a la Defensa, la OGJ debe convocar a una audiencia preliminar en la que las partes (Fiscalía; Defensa y, en el caso de que la hubiera, Querella) discuten acerca de lo planteado.

Si tras la audiencia preliminar el juez considera que la acusación de la Fiscalía tiene proyección de condena y que están cumplidos los requisitos para que se desarrolle un debate oral y público, dispondrá el auto de apertura a juicio para programar una fecha de inicio.

Fuente: Radio Belgrano Suardi

COMIENZA EL JUICIO POR EL FEMICIDIO DE MARIA LUISA RETAMOZO EN SUARD

4 diciembre, 2020 0

María Luisa fue asesinada a golpes en 2018. El agresor, con quien había acordado un encuentro, la mató, escapó y fue detenido días después del hecho.

La fiscal solicitó una pena de prisión perpetua para el acusadoMaría Luisa Retamozo tenía 33 años y fue asesinada a golpes por su ex pareja en un descampado en la localidad de Suardi, del departamento San Cristóbal.

La víctima lo había denunciado por dos hechos de violencia de género en 2015 y 2016, cuando logró separarse el hombre continuó con las amenazas y los hostigamientos hasta que la citó y cometió el femicidio, describió la teoría fiscal. Este jueves comenzará el juicio oral y público contra el femicida, quien enfrenta un pedido de pena de prisión perpetua.

El debate estará presidido por los jueces José Luis Estévez en la presidencia junto a Cristina Fortunato y Ricardo García y se llevará adelante en los Tribunales de San Cristóbal.María Luisa fue vista por última vez el 21 de marzo de 2018 en la localidad de Suardi.

Su madre radicó una denuncia por búsqueda de paradero que se activó tres días después, el sábado 24 de marzo y su cuerpo fue hallado a los 15 días en un descampado que estaba a 9 kilómetros de la ruta provincial 23.

En las primeras medidas intervino la fiscal Silvina Verney y desde ese momento surgió el nombre de José Luis C. como sospechoso porque ya contaba con dos denuncias previas por atacar a la víctima y provocarle lesiones cuando convivían: una fue radicada el 27 de abril de 2015 cuando la agredió con golpes de puño y la otra, el 9 de febrero de 2016 momento en que utilizó una moto guadaña y le produjo lesiones, sin que la justicia actuará con medidas restrictivas para proteger la vida de la mujer.

Al comprobarse estos indicios, la causa pasó a la fiscal Favia Burella de la sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Unidad Fiscal de San Cristóbal.

Con la ayuda de las secuencias tomadas por las cámaras de seguridad y los celulares del acusado y la víctima, la Fiscalía logró reconstruir que pasadas las 9 del 21 de marzo de 2018, el imputado había acordado un encuentro vía telefónica con María Luisa.

Ese día, las secuencias de las cámaras de seguridad tomaron al acusado cuando recorrió en moto los 21 kilómetros que separan la ciudad de San Guillermo hasta Suardi donde buscó a la víctima. Luego fueron a un descampado de la zona rural que está a la vera de la ruta provincial 23.

A las 12.54, las imágenes lo captaron en la misma moto conducida por el hombre con la misma vestimenta, ingresando solo a San Guillermo.Según la teoría de la fiscal Burella en ese lugar el agresor golpeó a María Luisa con un objeto contundente –la hipótesis señaló que se trató de un martillo– provocándole lesiones en el cráneo que la llevaron a la muerte.

Luego la abandonó en el lugar, por lo que la fiscal dijo que el acusado se aprovechó del estado de indefensión de la víctima y se escapó a la provincia de Córdoba.

El cuerpo de la mujer fue hallado el 5 de abril de 2018 en ese mismo descampado y sus amigas y allegados contaron que el hombre la amenazaba y hostigaba diciéndole que si no volvía con él, la iba a matar.

Tras su detención, José C. fue imputado y quedó en prisión preventiva hasta este jueves cuando será sometido a un juicio oral y público. Burella solicitó una pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio doloso doblemente calificado por mediar violencia de género y por haber mantenido una relación de pareja con la víctima, describieron los voceros judiciales. El debate finalizará el próximo viernes 11 de diciembre con los alegatos finales y el lunes 14 se conocerá la sentencia.

Fuente: El Tiempo de Morteros

NUEVA CONDENA PARA JOVEN DE BALNEARIA, LA TERCERA

10 septiembre, 2020 0

Dos años y ocho meses de prisión con declaración de reincidencia fue la pena que le aplicó un tribunal unipersonal a Norberto Ezequiel Correa (27), alias "Caracha", domiciliado en la localidad de Balnearia,

Cabe recordar que Correa, estaba imputado como presunto autor de "robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, robos y violación de domicilios múltiples", delitos éstos cometidos en las localidades de Balnearia y La Para.

La pena aplicada por el juez Claudio Requena fue consensuada previamente entre el defensor, el asesor letrado Lucio Sarnago y la fiscal de cámara Consuelo Aliaga Díaz, y de esta manera el joven reconoció su autoría en los hechos.

Con la pena aplicada ayer, Correa suma tres condenas a pesar de su juventud, todas por delitos contra la propiedad.

La audiencia de hoy se desarrolló por videoconferencia y el acusado siguió las alternativas desde una sala en el Establecimiento Penitenciario Nº 7 de nuestra ciudad.

La declaración de reincidencia lo obliga al joven a cumplir la totalidad de la pena impuesta para recuperar su libertad.

Fuente: La Voz de San Justo