La represión del Gobierno Iraní frente a las protestas sociales generó una fuerte preocupación internacional por las graves violaciones a los derechos humanos. Según organizaciones humanitarias y reportes de distintos medios, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de fuerza letal, detenciones masivas y operativos violentos para contener las manifestaciones.
Los informes señalan miles de personas fallecidas y decenas de miles de arrestos en el marco del movimiento, además de denuncias por torturas, desapariciones y procesos judiciales sin garantías. En varios casos, los detenidos habrían sido sometidos a juicios sumarios, sin acceso a una defensa adecuada.
Entre los episodios más alarmantes se encuentra la condena a muerte de un manifestante de 26 años, dictada sin el debido proceso legal, lo que intensificó las críticas de la comunidad internacional y renovó los reclamos para que Irán respete los derechos fundamentales y el estado de derecho.