El Gobierno de Córdoba implementó en abril de 2026 un protocolo para cobrar los costos de operativos de seguridad a padres o tutores de menores que realizaron falsas amenazas en escuelas. Los montos variaron según el despliegue y pudieron superar los 16 millones de pesos.
La medida alcanzó intervenciones con policía, brigadas especiales y bomberos, e incluyó gastos de personal, vehículos e investigación. En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado avanzó con reclamos judiciales.
El objetivo fue frenar estos hechos, muchas veces vinculados a desafíos en redes sociales, búsqueda de atención y falta de conciencia sobre las consecuencias. Estas situaciones generaron fuerte impacto en la comunidad educativa y derivaron en acciones judiciales.